
- Más de mil 194 audiencias atendidas, 537 medidas de protección otorgadas y
un incremento del 72% en restituciones de menores, reflejan el compromiso
institucional con los sectores más vulnerables
Como parte de la campaña informativa «Entérate», la Fiscalía General del Estado de
Colima (FGE), informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas del 1 de
noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en materia de protección a mujeres, niñas,
niños y adolescentes, uno de los ejes prioritarios para la procuración de justicia en la
entidad.
Durante este periodo, personal ministerial especializado participó en más de mil 194
audiencias relacionadas con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes,
así como de personas que requieren apoyo jurídico para garantizar su acceso a la
justicia y a la tutela efectiva de sus derechos.
Asimismo, se llevaron a cabo 31 diligencias de restitución de menores, cifra que
representa un incremento del 72 por ciento en comparación con el periodo inmediato
anterior, resultado de las acciones coordinadas para salvaguardar el interés superior de
la niñez y garantizar entornos seguros para su desarrollo.
En atención a situaciones de riesgo y violencia familiar, la Fiscalía intervino en el 100
por ciento de las órdenes de protección notificadas por juzgados familiares y civiles,
alcanzando la ejecución y seguimiento de 537 medidas de protección en favor de
mujeres, niñas y niños, fortaleciendo así los mecanismos de prevención y atención
inmediata.
De igual manera, fueron notificados más de 2 mil nuevos juicios vinculados con la
protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que refleja la
constante labor institucional para brindar acompañamiento legal y representación en
asuntos que impactan directamente en el bienestar de las familias colimenses.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la
protección de los grupos de atención prioritaria, mediante la intervención oportuna del
Ministerio Público y la aplicación de medidas que permitan prevenir riesgos, proteger
derechos y garantizar el acceso a la justicia.
